ECONOMíA BOLIVIA
"Seis medidas ilegales" que Shell pide resolver a Bolivia para no acudir a un arbitraje

EL DEBER MONITOREO

El pasado 5 de agosto, la firma internacional de abogados King & Spalding, en representación de la empresa BG Overseas Limited (“el inversor”), presentó una Notificación de Disputa al presidente Luis Arce, por una serie de “medidas ilegales” que el Estado boliviano adoptó contra la petrolera Shell Bolivia Corporation (SBC), propiedad 100% del inversor.

En la notificación se invoca el Convenio sobre el Fomento y la Protección de Inversiones de Capital suscrito entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de la República de Bolivia, firmado en 1988. “La presente notificación da formalmente inicio al periodo de seis meses estipulado por el Artículo 8(2) del Tratado para que las Partes negociaren y realizaren consultas en aras de dirimir la disputa”, señala el documento.

La disputa, que podría alcanzar a varios cientos de millones de dólares, se refiere a seis medidas —que Shell considera ilegales— y que Bolivia adoptó de manera constante, según la notificación. 

La primera, es el “Abuso de Autoridad Pública en relación a los tres contratos de operación que tiene la petrolera en el país, “con la promulgación y aplicación de medidas legales y regulatorias diseñadas para reducir los rendimientos y la rentabilidad de la inversión de Shell con el fin de favorecer a YPFB”.

La segunda, es la anulación “ilegal” de un laudo arbitral favorable a SBC, por parte de tribunales de justicia bolivianos. “Esta actuación constituye una violación de la obligación de Bolivia, prevista en el Tratado, de otorgar al inversor un trato justo y equitativo y de no denegar justicia al inversor”, resalta la notificación.

En tercer lugar, el incumplimiento de pagos “por varios millones de dólares estadounidenses adeudados a Shell por contratos comerciales celebrados con YPFB”, mientras la cuarta es la negativa a emitir documentación: “Bolivia se negó a emitir una documentación legalmente requerida que otorgara a SBC una liberación de responsabilidad final, total e irrevocable respecto de un contrato de operación”, agrega.

En tanto, la quinta medida fue la disposición ilegal de barriles de crudo de propiedad de SBC: “YPFB vendió ilegalmente miles de barriles de crudo, propiedad de SBC sin autorización ni consentimiento”, apropiándose del dinero de la venta.

Por último, Shell acusa persecución ilegal a sus ejecutivos a través del Ministerio Público. “Bolivia permitió que una persona natural utilizara el sistema de justicia penal y las fuerzas policiales del país para perseguir y hostigar, en su capacidad personal, a ejecutivos actuales y anteriores de SBC”, detalla el documento. 

Según la petrolera, este hostigamiento tuvo como fin ejercer presión, extorsionar y tomar represalias contra SBC, violando la obligación de Bolivia, prevista en el Tratado, de otorgar trato justo y equitativo. 

En su parte final, la petrolera advierte que “en caso de que Bolivia no responda, o de que las discusiones no den lugar a una resolución amistosa de la controversia en el plazo de seis meses estipulado en el tratado, el inversor se reserva el derecho de someter la disputa al arbitraje internacional (...)”.

 

Procuraduría analizará

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, dijo el miércoles que en caso de ingresar a un diálogo con la empresa, se verificará “con mucha responsabilidad” la documentación necesaria, técnica, legal, administrativa y financiera. 

“Responderemos la nota de manera fundamentada a la empresa Shell bajo el paraguas de que el Estado boliviano es un Estado pacifista (...). Según la nota, se habrían vulnerado derechos, eso es subjetivo. Cualquier persona puede decir subjetivamente que me han vulnerado X, Z derechos. Lo correcto es sentarnos en el diálogo, escucharlos y verificar qué derechos supuestamente se les habría vulnerado y en función de eso, si es correcto o no, se verificará en su momento”, afirmó.

Condori recordó que en 2013 Shell presentó un arbitraje comercial contra Bolivia, que fue resuelto a favor de la empresa inglesa, que debía recibir un pago de $us 12 millones. Sin embargo, un juez de materia civil anuló ese laudo y en 2015 se notificó a las partes. 

 

Mala imagen para el país

El experto en hidrocarburos, Álvaro Ríos, manifestó que la notificación de Shell demuestra la inmensa burocracia y negligente forma de administrar que ha tenido YPFB en la administración de los contratos firmados con las empresas que se han quedado en el país después de la llamada Nacionalización.

“Todos conocemos que el país le debe, por producción de hidrocarburos, alrededor de 200 millones de dólares a todas las petroleras, entre esas la Shell (...) Lo que hay que tratar de hacer es es evitar que las otras empresas presenten este tipo de reclamos porque esto puede ser (sentar) una jurisprudencia y tratar de arreglar, antes de que esto ocurra (el arbitraje), para que la imagen del país no se deteriore”, puntualizó Ríos.